Los nuevos abogados del empresario Leonardo Tiro Moranchel, José Vázquez Vivanco y Araceli Méndez López, sostienen reuniones con defraudados de Sitma para lograr que se acepte la entrega del terreno de 100 hectáreas de San Andrés Calpan como pago por el dinero que depositaron en la empresa.

Así lo señalaron a este medio de comunicación afectados por este fraude, quienes agregaron que temen se acepte la propuesta sin tener una garantía real de pago de los ahorros.

Uno de los entrevistados –que solicitó no publicar su nombre– consideró que es un engaño más de parte de Leonardo Tiro, pues el acuerdo sólo sería de palabra, al cual se están prestando algunos defraudados y representantes. Explicó que para que exista certeza de pago debe haber una propuesta por escrito y con el aval del gobierno del estado.

Dijo que los abogados aseguran que los terrenos de Calpan valen entre 150 y 200 millones de pesos, pero con el paso del arco poniente por la zona –que construirá el gobierno federal—, los mismos costarán más de 500 millones de pesos.

Explicó que parte de los predios están en litigio con los ejidatarios de San Andrés Calpan, así como se desconoce si están libres de gravamen, por lo que no hay claridad sobre si servirán para indemnizar a los afectados.

En tanto, otro de los defraudados indicó que los terrenos de Calpan están requeridos por varios juicios para indemnizar a clientes que defienden despachos jurídicos, así como para obtener las liquidaciones de unos 100 ex trabajadores de esta compañía que fueron despedidos de forma injustificada y quienes ya ganaron la demanda laboral.

“Necesitamos que la propuesta por escrito sea avalada por el gobierno estatal, lo cual garantizaría que las propiedades de Sitma estén libres de gravamen y no se encuentren en litigio. Así, habría más certeza en el pago”, señaló.

Agregó que en caso contrario nadie responderá ante el engaño del empresario y las autoridades estatales se deslindarán de la situación si no se lleva a cabo la indemnización de los afectados con el argumento de que fue un acuerdo de ellos con los representantes legales del abogado.

Finalmente, dijo que algunos defraudados ya aceptaron la propuesta debido a que tienen interés económico, pues serían quienes se encargarían de repartir los terrenos, tratando de obtener la mayor parte de los mismos.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer que la caja de ahorro Financiera Coofia tiene que cerrar e iniciar su procedimiento de liquidación de los ahorros –que suman unos mil 500 millones de pesos– de sus más de 20 mil clientes, debido a que los resultados de una evaluación realizada por la Federación Integradora Nacional de Entidades (FINE) –por disposición de la Ley de Ahorro y Crédito Popular– indican que esta financiera incumple con los requisitos mínimos para ser autorizada por las autoridades federales.

Así lo informó el coordinador de asesores y vocero de la CNBV, Carlos López Moctezuma Jassan, quien agregó que para lograr que la financiera cumpla con su responsabilidad ante los socios, la misma debe vender sus propiedades debido a su insolvencia económica con el fin de recuperar una parte de los ahorros, así como aceptar un programa de supervisión por parte de los directivos del Fideicomiso Pago –administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público–, el cual tendrá que aportar dinero, que se sumará al que deben aportar los gobiernos de los estados, en donde tiene sucursales la misma.

Sin embargo, para la disolución y liquidación de los ahorradores de Financiera Coofia ignoró los montos que deberán aportar la caja de ahorro, el fondo del Fideicomiso Pago y los gobiernos estatales involucrados. “Lo importante es que los clientes obtengan el dinero que depositaron en esta caja de ahorro”, indicó; aunque para lograr ello deslindó de responsabilidad a la CNBV.

Lo anterior porque precisó que esta dependencia no tiene atribuciones para intervenir en el caso de la financiera, pese a que la misma está negando a los ahorradores su dinero, pues no tiene la autorización de la dependencia federal y únicamente estaba en el procedimiento de lograr ésta.

“Aun cuando las entidades de ahorro estén en el régimen transitorio para lograr la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este organismo no puede intervenir en las mismas, aun cuando esté en riesgo el dinero de sus ahorradores”, indicó López Moctezuma Jassan.

–Pero, entonces, ¿qué institución gubernamental garantiza el pago de los ahorros e inversiones de los socios de Financiera Coofia?

–Los clientes deben acudir a los juzgados e interponer una queja mercantil para solicitar la liquidación y recuperar sus ahorros –dijo.

–¿Eso garantiza a los clientes que recuperarán su dinero? –se le preguntó.

–No, ese procedimiento sólo es para que los acreedores busquen recuperar sus recursos económicos, pero es lo único que se puede hacer.

En este sentido, dejó claro que en caso de fraude por parte de las cajas de ahorro que todavía no están autorizadas por la Federación, los clientes no tienen garantía gubernamental del dinero que depositaron en las mismas. Sin embargo, negó que esta situación sea una falta de supervisión por parte de la CNBV –que es la institución encargada de regular a los intermediarios financieros en el país–, porque existen ciertos mecanismos para que los ahorradores recuperen su dinero, los cuales se refieren a las quejas mercantiles ante los juzgados, con las cuales se podrá obtener el dinero de la liquidación.

De esta forma, mientras que directivos de cajas de ahorro se gastan el dinero de sus clientes o lo administran de forma inadecuada, será el Fideicomiso Pago –junto con los gobiernos estatales–, el que recupere el dinero de los ahorradores a través del procedimiento de disolución. Agregó que el fondo del Fideicomiso Pago –que es una bolsa que proviene de los impuestos– ha ayudado a liquidar unas 50 cajas de ahorro en años pasados; sin embargo, desconoció si a cada cliente se le otorga el total de sus ahorros o sólo una parte.

En entrevista con este medio de comunicación, agregó que en estos momentos únicamente hay 77 cajas de ahorro en el país autorizadas por la CNBV, de las cuales 44 son sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y 33 sociedades financieras populares. De acuerdo con la lista que se encuentra en la página web de este organismo federal, en la entidad poblana sólo está autorizada la caja de ahorro La Perseverancia del Valle de Tehuacán.

En tanto, existen otras 313 financieras que se encuentran en procedimiento de autorización y están evaluadas cada seis meses por las federaciones, entre las cuales estaba Coofia, pero que con la pasada notificación de FINE sobre que la misma, se encuentra en la categoría D –de acuerdo con la ley–, ya no tiene posibilidades de obtener el permiso federal.

Sin embargo, los socios de estas 313 cajas de ahorro no tienen la garantía gubernamental de que recuperarán su dinero, hasta en 42 mil pesos, como los clientes de las autorizadas por la CNBV, pese que tienen el permiso de operar. Aseguró que la actual ley de ahorro está garantizando que la mayoría de entidades de ahorro sean autorizadas por el gobierno federal.

Además, el vocero de la CNBV admitió que existen decenas de empresas que captan ahorros de sus clientes que operan de forma clandestina –como Sitma, Inver-group, Mas Kapital, Inverbien y Premiercapital, las cuales –aseguró– están siendo investigadas, aunque siguen funcionando.

Financiera Coofia –que opera desde hace 12 años y tiene su se-de en la ciudad de Puebla– pertenece a la familia Medina Seoane. Cuenta con 85 sucursales en nue-ve estados del país, los cuales son: Puebla, Veracruz, Oaxaca, Gue-rrero, Morelos, Hidalgo, estado de México, Tlaxcala y Jalisco. Asi-mismo, de acuerdo con información de la misma empresa, tiene unos 20 mil inversionistas a los que les debe unos mil 500 millones de pesos, a quienes no ha podido pagar por falta de solvencia económica.

Pese a que Financiera Coofia nunca contó con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar, recibió la certificación de calidad ISO 9001:2000 por parte de la organización francesa Bureau Veritas en 2005 y 2008; asimismo, tenía una licencia de funcionamiento con el giro de “Otros servicios financieros” que le otorgó el ayuntamiento poblano.

De acuerdo con el documento de la certificación –cuyas copias simples obran en poder de La Jornada de Oriente–, especialistas de Bureau Veritas auditaron a la financiera y encontraron que la misma cumplía con los requerimientos de la norma por el tipo de productos financieros que ofertaba la satisfacción de los clientes y la autorización legal.

Asimismo, para la Comuna de Puebla, la caja de ahorro cumplía con los requisitos legales para operar de acuerdo con la licencia de funcionamiento que le expidió a la misma.

La primera certificación de calidad fue dada en agosto de 2005 por Bureau Veritas, mientras que la recertificación fue otorgada en agosto de 2008 por la misma organización –cuando Mario Marín Torres acudió al acto protocolario– y tiene vigencia hasta 2011. Ambas con la clave de certificación MX08–070.

Desde la última certificación de calidad que se otorgó a la financiera había pasado apenas un año, cuando la CNBV le prohibió operar debido a su falta de liquidez económica al gastar de forma ilegal el dinero de sus clientes y ahora enfrenta miles de denuncias penales por fraude.

Los auditores de esta organización francesa otorgaron la última certificación ISO 9001:2000 a Coofia en 2008, pese a que la norma señala que para dar este título se requiere que la institución compruebe su autorización legal, y en caso de no tenerla que compruebe el avance en el tema.

De acuerdo con esta norma de calidad se requieren cuatro elementos para que la misma sea otorgada a una empresa. El primero es que se tiene cumplir con los requerimientos de los clientes, el segundo aspecto es que debe existir claridad de los productos que ofrece la institución en este caso financiera.

El tercer punto consiste en verificar que se respete la organización del tipo de sociedad mercantil que tiene legalmente, lo cual no sucedió en Coofia, pues los auditores otorgaron la certificación pese a que la financiera trataba a los inversionistas y ahorradores como clientes, en lugar de como socios al ser una sociedad cooperativa.

Finalmente, el último aspecto se refiere a que la institución que otorga la norma debe verificar que las empresas auditadas cumplan con todos los requisitos legales, y en caso de que estén en procedimiento de autorización gubernamental debe verificar si están cumpliendo con los requerimientos para que se les dé dicho permiso, lo cual tampoco sucedió con la caja de ahorro.

El capítulo quinto de la norma ISO 9001:2000 señala claramente que para que una institución reciba una certificación de calidad debe cumplir con todos los requisitos legales, pero ello no sucedió en el caso de la financiera, sin embargo, al igual que el convenio que tuvo con el gobierno del estado le ayudó a tener más clientes.

El título de certificación agrega que el domicilio fiscal de Financiera Coofia –que legalmente era una sociedad cooperativa de responsabilidad limitada, aunque nunca se los comunicó a sus clientes– está en el número 2318–602 de la avenida Juárez de la colonia La Paz, en la ciudad de Puebla. Bureau Veritas otorgó la certificación de calidad a esta caja de ahorro por el otorgamiento de servicios financieros y la comercialización y concesión de productos.

Denuncian que se pretende dividir a la gente

Clientes perjudicados por el fraude de Financiera Coofia denunciaron que funcionarios de la Procuraduría del Ciudadano (PC) están diciendo que el gobierno del estado no apoyará a los defraudados que acudan a la reunión que este día convoca un grupo de afectados en el Sindicato de Telefonistas para organizarse y exigir el pago del dinero que se les debe.

Explicaron que lo anterior se debe a que el gobierno estatal pretende dividir a los defraudados, de modo que no exista presión social, por lo que es importante que se acuda al encuentro y se logre una organización entre los afectados. Esta reunión está programada para las 18 horas en el Sindicato de Telefonistas, ubicado en el bulevar 5 de mayo entre la 11 y 13 Oriente.

Empleados de Financiera Coofia denunciaron que el fraude en contra de los clientes por parte de los propietarios de esta caja de ahorro lo planearon desde hace varios años, pues tienen el conocimiento de que no existe ninguna propiedad a nombre de la empresa ni a nombre del dueño de la misma, Valente Medina Seoane.

Agregaron que se dieron cuenta de lo anterior hace unas semanas, cuando dejaron de creer en lo que decían los directivos de la financiera en el sentido de que el depósito del dinero para los ahorradores estaba por realizarse, pues ello ha sido el discurso de la empresa desde mayo pasado.

Ante esta situación, y debido a la falta de pago de sueldos por parte de la empresa y la carencia de garantías hacia su integridad física –debido al enojo de los clientes al no recibir sus ahorros–, explicaron que determinaron interponer sus demandas laborales por rescisión de contrato ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), con el fin de exigir su liquidación y la entrega de los salarios vencidos.

Uno de los ex trabajadores de Coofia explicó que a raíz de las demandas laborales, comenzaron a investigar si las propiedades donde están localizadas las sucursales y las oficinas centrales de la caja de ahorro pertenecen a esta empresa o a sus propietarios; sin embargo, encontraron que la mayoría son rentadas o están a nombre de la Inmobiliaria Mase.

Señaló que tienen conocimiento de que los pisos 13 y 14 de las Torres JV –localizadas en la zona de Angelópolis de la ciudad de Puebla– pertenecen a la financiera; sin embargo, con el fin de evitar que se perdieran con las demandas de los clientes y empleados, los pusieron a nombre de terceras personas.

Financiera Coofia tiene seis sucursales en la ciudad de Puebla –Finanzas, La Paz, San Manuel, avenida Juárez, Benavente y Plaza Milenium– y otras 45 oficinas regionales en municipios del estado como San Pedro Cholula, Atlixco, Tehuacán, Teziutlán, San Martín Texmelucán, Ahuatlán, Aquixtla, Tetela de Ocampo, Oriental, Huehuetla y Zoquiapan.

Asimismo, indicó que tiene conocimiento que los accionistas de la caja de ahorro tienen varias propiedades en Puebla –incluyendo las casas en La Vista y el fraccionamiento El Cristo, en Atlixco, de Valente Medina Seoane–; sin embargo, las mismas están con prestanombres.

“Los dueños de Coofia planearon bien el fraude, porque pusieron a familiares como los propietarios de diferentes inmuebles, pero por ello estamos investigando para que las autoridades averigüen y puedan embargar las propiedades que pertenezcan a la misma familia, además de que existen cuentas de la financiera que tienen dinero”, aseguró.

Se calcula que esta caja de ahorro debe unos mil 300 millones de pesos a más de 77 mil ahorradores de nueve estados del país, incluyendo Puebla.

* A Enrique Aguera no le interesa la formación académica integral de los universitarios. Su único interés es utilizar a la BUAP como trampolín político para obtener un puesto público y de esta forma seguir medrando a costa del erario

Miguel Ángel Damián Huato*

Desde hace años el rector de la BUAP, Mtro. Enrique Aguera ha reiterado ante los medios de comunicación que: “no me voy a cansar de decirlo: ya me urge que empiecen las elecciones de este estado para que haya candidatos y me dejen de moler. ¡No voy, no voy a ser candidato de nada, yo voy a seguir siendo rector de esta universidad hasta el final de mi mandato que es dentro de 3 años! ¡Bórrenme de la lista, hagan de cuenta que no existo!” (Enrique Aguera, e-Consulta, 10 de enero de 2007).

Sin embargo, el rector de la BUAP se encuentra involucrado en una sistemática campaña electoral para presidir el ayuntamiento del municipio de Puebla, desde que asumió la rectoría interina en 2004. Que Aguera llegue a ser candidato del PRI y luego alcalde del principal municipio del estado de Puebla, depende de distintas circunstancias, pero es innegable que él está trabajando para ser presidente municipal. Hay que decir que este fenómeno no es nuevo en la universidad, ya que desde hace alrededor de 18 años la “burocracia dorada” ha transformado a nuestra BUAP en un trampolín político y caja chica, para que los rectores se promuevan a puestos públicos aunque siempre, como Enrique Aguera, negando su militancia en el PRI y arguyendo su desinterés por acceder a un cargo de elección popular. Basta con señalar al respecto, la trayectoria política de los ex–rectores José y Enrique Doger.

Hay que señalar que para que Enrique Aguera pueda seguir aspirando a presidir el cabildo del ayuntamiento de Puebla, forzosamente tiene que conseguir primero su segunda reelección como rector de la BUAP. Un descalabro, incluso, un proceso electoral competido en la BUAP, harían trizas sus aspiraciones políticas. Para mantener estas aspiraciones, el rector lleva a cabo una doble campaña electoral: la primera dirigida al ámbito universitario y la segunda a la sociedad poblana. Lo singular de ambas campañas es que se retroalimentan en sí.

En el ámbito universitario las principales actividades desplegadas por Enrique Aguera para asegurar su reelección como rector, son las siguientes:

1. Cancelar la convocatoria para acceder a las becas de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, excepto para los académicos que por primera vez se vayan a evaluar. De esta manera, durante el 2009 los docentes de la BUAP mantendrán el mismo número de becas que obtuvieron en 2008. Hay que decir que el acceso a las becas de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, es una medida que normalmente ha ocasionado grandes inconformidades entre los académicos de la BUAP. Por lo tanto, el no emitir la convocatoria tiene un doble propósito: anula este foco de inconformidad y gana simpatías entre los docentes.

2.  Promover su imagen al interior de la BUAP con fines políticos. Por ejemplo, a los estudiantes, sobre todo a los de nuevo ingreso, se les venden playeras, gorras, libretas, etcétera, rotuladas con la imagen de EA, con el propósito de promover su imagen política.

3. Efectuar promociones de plazas y otorgar definitividades a trabajadores universitarios. Se ha vuelto una tradición, desde 1993, que en cada coyuntura electoral el candidato-rector en turno, compre lealtades políticas promocionando plazas y autorizando definitividades a trabajadores afines a su corriente. Enrique Aguera así lo hizo en 2005 cuando se reelige por primera vez y con toda seguridad recurrirá de nueva cuenta al mismo artilugio, posponiendo la aplicación del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, aprobado por los miembros del H. Consejo Universitario el 5 de marzo de 2007.

A nivel de sociedad poblana, destacan las siguientes actividades desplegadas por Enrique Aguera para mantenerse en la puja por la presidencia municipal de Puebla:

1. Mantener una dispendiosa campaña mediática para promover su imagen política. Esta campaña ha sido sostenida con recursos públicos asignados a la BUAP para efectuar sus tareas académicas sustantivas. Según distintos medios informativos, a esta campaña Enrique Aguera ha destinado cada año, alrededor del 10% del presupuesto universitario. La intención de esta campaña publicitaria es falsear lo que realmente acontece en la BUAP. Aguera Ibañez, como miembro del PRI, sabe que la mentira se ha convertido en la esencia de la propaganda política y que las elecciones las ganan aquellos candidatos y partidos políticos que mejor simulan la realidad.

3. Mantener un costoso equipo de campaña coordinado, al parecer, por Rosario Robles una tránsfuga de la izquierda que lo mismo se ha visto involucrada en la organización de campañas electorales de candidatas del PRI como Blanca Alcalá, que de la zeferinista Gloria Sierra en su infructuoso afán de llegar a la presidencia municipal de Acapulco, Guerrero.

A Enrique Aguera, como voy a demostrar en otras entregas, no le interesa la formación académica integral de los universitarios. Su único interés es utilizar a la BUAP como trampolín político para obtener un puesto público y de esta forma seguir medrando a costa del erario.

* Profesor-investigador del ICUAP-BUAP.

Correo electrónico: damianhuato@hotmail.com

Tania Damián Jiménez 

El secretario de Gobernación municipal, Juan de Dios Bravo Jiménez, se deslindó del aumento del ambulantaje en la periferia de la ciudad; ya que en diferentes zonas los comerciantes informales se han duplicado, como en Plaza Loreto, Plaza Dorada, la Popular y a las afueras del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores del estado.

Reconoció que el ambulantaje se ha incrementado; sin embargo argumentó que su dependencia no podrá hacer casi nada el próximo año, ya que será consecuencia de la crisis económica por la que atraviesa el país.

Aseguró que el gobierno federal es el que debe tomar cartas en el asunto, ya que el presidente Felipe Calderón Hinojosa prometió un programa emergente de empleos; por lo que mientras no llegue no pueden hacer nada.

De esta forma, el funcionario municipal dejó entrever que el próximo año el ayuntamiento no hará nada para contener al ambulantaje en la periferia que hace daño al pequeño comercio formal.

Y es que después del reordenamiento comercial del centro histórico, debido a que sólo ha funcionado uno de los mercados donde se reubicaron 170 ambulantes, cuando se hablaba de por lo menos 600, la mayoría se ha ido a refugiar a otras zonas, como el mismo Bravo Jiménez lo ha reconocido.

Denunciantes que pidieron la gracia del anonimato por temor a represalias aseguraron que la Secretaría de Gobernación municipal obtiene grandes ganancias del comercio informal, así como será su botín político para las próximas elecciones del 2009.

Otras de las zonas en donde se ha incrementado el ambulantaje son a las afueras de los diferentes mercados como Hidalgo, Independencia, Zaragoza, Morelos y de San Baltazar Campeche.

Por lo que mientras se vacían los mercados municipales y de apoyo, sin que la autoridad municipal haga algo, cada vez más personas se instalan en la vía pública, en detrimento de la economía formal.

 “El principal interés de no contener el ambulantaje en la periferia de la ciudad es electoral, ya que el acuerdo es: no te molesto, pero votas por el PRI; pero también los inspectores Vía Pública se llevan su tajada económica”, explicó uno de los ciudadanos quejosos.

Agregó que el costo será muy alto para la ciudadanía, ya que se dañará el poco comercio formal que queda y habrá un descontrol total de las calles, donde los únicos beneficiados serán los líderes y los grupos de poder que los controlan.

Concluyó que, además, el ambulantaje trae mayor inseguridad a las colonias; ya que los dirigentes se hacen acompañar de grupos de choque y pandillas que cometen robos y asaltos.

Tania Damián Jiménez

El caso de la escritora Lydia Cacho Ribeiro aún no concluye afirmó el director de Sistema de Información Clasificada (SICLA), Luis Ortega Morales, debido a que el dictamen que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de la afectada, sólo fue una recomendación y aún falta que la Procuraduría General de la República (PGR) resuelva el caso.

Aseguró que el dictamen de la SCJN fue una negociación que se realizó entre los partidos Acción Nacional (PAN) y de Revolucionario Institucional (PRI) con el fin de desechar la propuesta del ministro Juan Silva Meza que concluyó que “sí existió un concierto grave de autoridades para violar las garantías individuales de la periodista”; por lo que no descarta una nueva negociación con la PGJ que concluya que exonere nuevamente al gobernador Mario Marín Torres.

Sin embargo, anticipó que el caso lo tomará la organización Amnistía Internacional, la cual investigará y, debido a como se dieron los hechos, llegará a las conclusiones del ministro Silva Meza de que sí se violaron los derechos humanos de Cacho Ribeiro; por lo que exigió castigo para los responsables.

En conmemoración a los tres años de la detención arbitraria de Cacho Ribeiro por parte del gobierno del estado de Puebla (cumplidos el pasado 17 de diciembre), el especialista indicó que es necesario mantener en la memoria el caso a través de los medios de comunicación debido a que la ciudadanía debe defenderse de las violaciones de derechos humanos que cometen los gobiernos.

Criticó los más de 200 millones de pesos que ha gastado el titular del Ejecutivo, Mario Marín Torres, para limpiar su imagen en relación al caso de Lydia Cacho. Asimismo, mencionó que en la entidad es una realidad el que los medios poblanos no tocan ese tema porque perderán sus beneficios económicos.

“La mayoría de medios no tocan el tema, existe una censura y autocensura”, aseguró en entrevista con este espacio informativo.

Aseguró que la relación entre el poder y los medios de comunicación en Puebla se han mantenido en total subordinación, por lo menos en los últimos 14 años.

Y es que por ejemplo para algunos medios de comunicación en Puebla la intervención de la Suprema Corte en el caso Marín-Cacho simplemente no existió. Según el reporte del Sistema de Información Clasificada (Sicla) diarios como La Opinión y Momento ignoraron el dictamen del ministro Juan Silva Meza, mientras que espacios informativos como Mediática lo tomaron como tema durante sólo un día, y medios como Milenio y Síntesis abordaron “temas totalmente desencajados” de la realidad del estado en esas fechas.

“Con el Sicla obtenemos en términos medibles qué es o que pasa con cada uno de los medios. Así es más fácil identificar qué medio saca en ocho columnas principalmente al gobernador…”, explicó Ortega Morales.

Mencionó que los medios de comunicación se concentran de manera exagerada en los temas políticos, dejando de lado otros de mayor importancia para la ciudadanía.

Insistió que hace falta hacer un periodismo desde fuentes ciudadanas, ya que el 92 por ciento de las primeras planas se refiere a la agenda política sin que la población tenga incidencia, así como es necesario que los gobiernos transparenten los recursos económicos que otorgan a los medios de comunicación.

Por último, invitó a académicos, organizaciones sociales y periodistas a participar en el Consejo Ciudadano del Premio Estatal de Periodismo en Puebla, con el fin de que se pueda otorgar un premio a los comunicadores comprometidos con la ciudadanía sin la intervención del gobierno.

Explicó que en enero del próximo año iniciarán las reuniones para acordar los parámetros del premio, como los géneros periodísticos a considerar y un jurado que garantice la intención de pluralidad, independencia y conocimiento para evaluar los trabajos que se inscriban para el concurso.

Miguel Ángel Damián Huato*

En los últimos años nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha obtenido distintos reconocimientos a la labor académica que lleva a cabo. Estos reconocimientos muestran, a final de cuentas, el trabajo realizado por toda la comunidad universitaria, hecho que se encuentra explicito en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2006-2009 donde el actual rector, Mtro. Enrique Aguera Ibañez,  asume que “el estudiante es el centro del quehacer (académico), lo que implica crear ambientes de trabajo que garanticen una formación pertinente, de calidad, y propiciar condiciones óptimas para el desempeño de los Profesores-Investigadores”.

Es evidente que la fortaleza (o debilidad) de cualquier institución educativa depende de los esfuerzos que lleven a cabo los estudiantes y trabajadores en general y, concretamente de las tareas efectuadas por los académicos. Si esto es verdad, los trabajadores deberíamos tener ese reconocimiento no sólo en el discurso, sino también en las remuneraciones que percibimos. Sin embargo, como se demostrará enseguida, los salarios vigentes en la BUAP contradicen el discurso del rector y las buenas intenciones planteadas en el PDI.   

De acuerdo con el Tabulador vigente en la BUAP de diciembre de 2008, los trabajadores que laboramos en la BUAP, hemos sido clasificados en cuatro tipos de personal: Directivo, Confianza, Académico y No Académico, que se diferencian por la percepción salarial que tienen. En este Tabulador resaltan los sueldos que perciben el personal Directivo, los cuales se encuentran muy por encima de los otros tipos de personal. Por ejemplo, si se compara el salario del Rector y los que obtiene un Profesor-Investigador Titular C Tiempo Completo, el primero gana aproximadamente 3.3 veces más; si esta comparación se hace con un Profesor-Investigador Asociado B Tiempo Completo, esta diferencia es de 6. Para cuestiones prácticas, esto significa suponer que el tipo de trabajo que realiza el Rector tiene 3.3 y 6 veces más impacto en el desarrollo de las actividades académicas de la BUAP que las actividades que efectúan los profesores-investigadores referidos, lo que a todas luces es un supuesto falso.  

En el Tabulador también se observa que un Profesor-Investigador Titular C Tiempo Completo obtiene un salario menor a un Subjefe de Departamento B, ya que su salario mensual (19,135 pesos) es mayor en 1,847 pesos a la del Profesor-Investigador mencionado. Hay que hacer notar que mientras la primera categoría es la máxima a la que puede aspirar un académico de la BUAP, la del Subjefe de Departamento B ocupa el trigésimo lugar en el escalafón del personal directivo.

El Cuadro 1, muestra los contrastes que hay en la percepción salarial promedio mensual de los diversos tipos de personal, donde se nota que los trabajadores que obtienen menos salarios son los No Académicos, cuyas percepciones promedio representan apenas el 14% del salario que recibe el Personal Directivo.

Cuadro 1. Salario promedio mensual  del personal directivo, de confianza, académico y no académico de la BUAP

Fuente: Tabulador vigente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, página web http://www.buap.mx/, sección de transparencia, capitulo VI, tabuladores vigentes.

Si en estas condiciones salariales precarias y contrastantes los trabajadores de la BUAP hemos contribuido a la obtención de distintos premios y reconocimientos, imaginémonos las capacidades que se potenciarían con un tabulador salarial que exprese las reales contribuciones que los distintos tipos de trabajadores hacemos en la generación, transmisión y divulgación del conocimiento. Sin embargo, esto implicaría modificar el actual Tabulador y abrogar las prerrogativas que tiene la Burocracia Dorada de la BUAP.

* Profesor-investigador del ICUAP-BUAP. A partir de enero se seguirá publicando la columna “Semblanza universitaria” en este espacio.

Parte II y última

Luis Ortega Morales

Uno de los aspectos que están a debate es el de la comunicación como política de estado, es decir una política emanada del acuerdo del conjunto de los poderes y de los diversos componentes que vinculan al estado con la sociedad y que son capaces de consensuar métodos y políticas que involucren a todos, con compromisos, objetivos y metas claras con una visión de largo plazo y que en lo fundamental también están de acuerdo en como lograrlo. En este caso, no entendemos como política de estado aquella que se hace solo a favor de los poderes del estado, esta sería la política “del estado”, o en su caso del régimen o del gobierno, sino lo fundamental es el acuerdo que se llegue a tomar entre todas las partes involucradas en la sociedad.

Entonces, lo que se puede analizar es la política aplicada por el gobierno del estado de Puebla en relación con la comunicación como derecho a la información, lo cual en este caso ha sido duramente cuestionada y como el conflicto con Lydia Cacho puso en evidencia la aplicación de una política en contra de la libertad de expresión y la ausencia del derecho a la información. Lo que ponemos en evidencia en este trabajo es precisamente la aplicación de una política del gobierno del estado de Puebla para informar sobre el desenvolvimiento de los hechos.

El gobierno del estado emitió sus boletines de prensa y envió otros comunicados que fueron publicados por la prensa como suyos dándole a los hechos una interpretación a conveniencia del gobierno y en especial que beneficiara a Mario Marín Torres, gobernador del estado. Los funcionarios y el propio gobernador actuaron como informantes en una actitud totalmente contraria a Lydia Cacho.

Lo que el gobierno aplica como política de comunicación o de información es lo que aplica la Dirección de Comunicación Social, que se desenvuelve como una política exclusivamente vinculada con los medios de comunicación privados, pues es a través de estos y solo de estos como se establece la relación política entre el gobierno y los ciudadanos. Lo mismo ocurre con los otros organismos del Estado, los poderes legislativo y judicial, las entidades autónomas y organismos de participación estatal y los municipios. Todos desarrollan la comunicación con sus gobernados y con los ciudadanos en general y casi exclusivamente a través de empresas privadas especializadas en la comunicación social, que tiene como instrumentos principales medios escritos, electrónicos, televisivos y de internet. El gobierno del estado ve en estos medios de vinculación con los gobernados como un asunto de relación con la empresa privada, en donde el asunto presupuestario es el fundamental o bien “los “caprichos” y “ocurrencias” y ambiciones del entonces titular de la Secretaría de Finanzas , quien, con miras al fortalecimiento de su imagen política, decidió arreglar los contratos de publicidad del gobierno directamente” o del propio director de Comunicación Social quien puede establecer los convenios con los medios de comunicación de la misma forma, como lo señalaba Alfonso Yañez, articulista de Síntesis.

Es decir, la “comunicación social una política pública del gobierno y posiblemente del Estado, se reduce a una política presupuestaria y sólo con los medios de comunicación. Estos “medios”, entonces, representan el único vínculo del gobierno con la sociedad, siendo a través de ellos y solo de ellos como puede establecerse ese vínculo.

Comunicación privada

Sin pretender abordar con profundidad el tema, el gobierno del estado recientemente ha desarrollado la comunicación con los ciudadanos a través de otros medios de comunicación como lo es la página de internet y las técnicas de multimedia que esto conlleva, además de la propaganda, el correo postal y los espectaculares. También utiliza otros mecanismos que están directamente vinculados a la relación política. En términos teóricos debe analizarse la tecnología de la información, el mercado de la información, los recursos humanos, las legislaciones, la regulación, y la ingeniería de información partidaria, que se desenvuelve cotidianamente en las comunidades, a través de eventos masivos, asambleas, mítines, reuniones para la entrega de recursos económicos y materiales, inauguraciones de obras o actos oficiales de presentación. Pero significativamente son los medios de comunicación privados quienes son utilizados como los medios principales.

Por el otro lado, tendremos que advertir sobre el comportamiento de estas empresas, que reciben del gobierno los recursos públicos para establecer una relación de este con los gobernados y discutir si estos cumplen con ese papel por el cual han sido contratados, como la desarrollan y hasta donde la profundizan.

Valdría la pena entonces conocer el gasto público que el gobierno del estado aplica para el pago de los medios de comunicación y la política que desarrolló para este objetivo, las diferenciaciones y jerarquías que establece, las cantidades que aplica y sobre todo el tipo de información que contrata para que estos medios la difundan.

El conocimiento de los criterios de diferenciación que aplica el gobierno sobre los medios de comunicación es una premisa que fundamenta y garantiza que los medios de comunicación, sean garantes de la pluralidad y la democracia, es decir, que son confiables en cuanto al ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión. Sin embargo, por el hecho de que los medios de comunicación son empresas privadas, estas se sujetan a un criterio de particulares en donde su compromiso es la compra de espacio en sus medios y la publicación de este en el medio respectivo y obviamente, la obtención de una ganancia. De entrada la empresa está obligada a publicar lo que le contraten, aunque esto no garantice la libertad de expresión y esconda o falsee la información. Si un medio de información tiene un trato preferencial del gobierno, es decir, le compra más espacio que a otra o le otorga las entrevistas y la información exclusiva, viola el derecho a la información y rompe con la pluralidad. Si el medio a su vez tiene una posición dominante  en el mercado de la información, tiene la capacidad de controlar la información, cuenta con diversos tipos de medios, es decir difunde sus puntos de vista por radio, televisión, Internet e impresos puede abusar de esa capacidad. Su posición de exclusividad le permite desechar o criticar las ideas y valores que puedan afectar sus intereses o su naturaleza. Hablamos de aquellas empresas que cuentan con el poder económico suficiente pueden influir en la opinión de los ciudadanos y por tanto en el poder ideológico y político e influir en el rumbo de la sociedad para garantizar sus intereses, sobre  todo cuando tienden a la monopolización.

Es indudable, por los argumentos presentados, que  el mercado no puede garantizar la pluralidad, es decir, la diversidad de empresas y su control. Que exista una cantidad de empresas y una variedad de opiniones, ideas e informaciones que determinan la cantidad y variedad de la información que  transmiten el conjunto de medios.
La lucha diaria por la audiencia y también por obtener los pagos de los clientes que más ganancias le reditúen, que en este caso es el estado, se manifiesta por publicar los boletines o comunicados oficiales con la mejor presentación, comentario o escrito por el mejor reportero, para acaparar al mayor número de lectores, dejando los artículos de calidad, reportajes, o informaciones de cultura e difusión científica para círculos minoritarios y, normalmente, en las últimas páginas, en los suplementos o solo para quienes compran los diarios los fines de semana. El resultado es que vemos los mismos boletines, las mismas ideas, las mismas informaciones, que se ha complementado en algunos casos con la tecnología de la página de Internet, siempre, por supuesto, en función de obtener la máxima ganancia y en beneficio de los intereses empresariales. Estos elementos en su realización en el mercado, afectan la oferta informativa de las empresas y no tienen en cuenta el pluralismo.

* Debido a la falta de voluntad de las dependencias gubernamentales

* A sus más de dos años de vida no ha impulsado un programa integral de prevención y atención

Tania Damián Jiménez

Debido a la falta de voluntad política por parte de las dependencias gubernamentales, el Consejo estatal de Control y Prevención del VIH-SIDA (Coesida) es aún inoperativo porque en sus más de dos años de vida no ha impulsado un programa integral de prevención y atención de esta enfermedad.

Y es que después de nueve sesiones del consejo, cada vez que se asiste a una es volver a empezar de nuevo porque llegan nuevos representantes de las diferentes dependencias o desconocen el tema, relató Brahim Zamora Salazar, vocal del consejo y coordinador de la red “Democracia y Sexualidad”.

“Tal vez en la primera o segunda sesión se valía sólo hablar de la problemática, pero a estas alturas sólo platicar es una pérdida de tiempo (…) Vamos a las sesiones a tomar café y a platicar, en lugar de acordar acciones transversales concretas para la prevención y atención del VIH-SIDA; por lo que el avance es nulo”, indicó.

Indicó que las secretarías de Salud y de Gobernación, el Instituto Poblano de la Juventud, el DIF estatal y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores del estado de Puebla (Issstep) mandan a las sesiones a sus “subsecretarios B de asuntos sin importancia” que no tienen poder de decisión; por lo que es muy difícil avanzar.

Asimismo, añadió que de forma recurrente los cambian, por lo que es necesario empezar de nuevo o simplemente no conocen del tema.

“No existe voluntad política del gobierno estatal para avanzar, a excepción un poco de la Comisión de Derechos Humanos, ya que por más que el sector social del consejo ha solicitado que inicien a funcionar los comités técnicos es la fecha que no lo hacen”, explicó.

Y es que aunque no acudiera el gobernador a las sesiones, porque no ha asistido ninguna vez desde que se conformó el consejo a pesar de que lo marca su decreto de creación, pero tuviera el interés, pudiera impulsar diversas políticas públicas efectivas de prevención de esta enfermedad.

El coordinador de la red “Democracia y Sexualidad” exigió que ya funcionen los comités técnicos ejecutivos de prevención, atención, bioética y derechos humanos con el fin de que cada grupo pueda avanzar en los diferentes rubros y ya sólo en las sesiones del consejo, después de las propuestas presentadas, se acordarían las acciones y lineamientos de prevención.

“Falta operatividad porque no hay acuerdos entre las instituciones para crear el proyecto de prevención y atención de VIH-SIDA en el estado”, aseguró.

Zamora Salazar señaló que falta diálogo y coordinación entre las dependencias porque cada una hace lo que quiere y no se unifican los esfuerzos, por lo que el consejo a la fecha es infuncional, concluyó.

Aumento del VIH-SIDA

El coordinador de la organización no gubernamental refirió que, de acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Salud poblana, los casos de VIH-SIDA se han incrementado al doble, ya que a partir de agosto se registran dos casos por semana; cuando anteriormente eran 3 o 4 al mes.

Alertó que de seguir con este ritmo no habrá ningún presupuesto económico que alcance –en Puebla, la inversión es federal y sólo asciende a casi 100 millones de pesos), ya que el acceso universal y gratuito a los medicamentos está garantizado con el fin de respetar los derechos humanos de la población; por lo que demandó a las autoridades estatales que impulsen los programas integrales de prevención y atención para las personas con VIH-SIDA que hasta ahora han bloqueado.

Explicó que los programas de prevención deben estar dirigidos para las poblaciones vulnerables como para hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas, trabajadores de sexo comercial y mujeres embarazadas y no sólo “repartir folletos y condones como actualmente se hace”.