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Opinión: De hecho, ¿pero derecho? | 12/12/2008

Gustavo Santin Nieto*

Los dirigentes de los grupos “democráticos” de los trabajadores de la educación, inconformes con el cacicazgo que por casi dos décadas ejerce Elba Esther Gordillo Morales al frente del (y en él) Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), han generando expectativas que podrían, eventualmente, exigirles una definición en torno a su que-hacer congruente con las banderas enarboladas a lo largo de más de dos meses de movimiento sindical y que en ese sentido, tal parece que todos los caminos conducen a Roma y los enfrentarán, tarde o temprano, con las estructuras de poder corporativo que cobijan a Elba Esther, presidenta vitalicia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE y a sus incondicionales, los representantes personales en las entidades federativas, regiones, localidades y en los centros de trabajo.
El por qué de una definición urgente estaría vinculada con un deslinde en los hechos, que los alejara de una presunta estrategia elaborada presuntamente por Manlio Fabio Beltrones Rivera, Líder de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Senadores, quien estaría recurriendo a acuerdos del más alto nivel político y a la movilización de grupos magisteriales de base, con la intención de minar el poder omnímodo de la dueña del gremio de burócratas más influyente de la República Mexicana, y marginarla así de la sucesión presidencial.
Que los dirigentes presuntamente democráticos dieran la impresión por sus comentarios públicos, de perseguir en primera instancia la democratización de su gremio sin pretender marginarse de una organización que les ha beneficiado cotidianamente a pesar de los mecanismos utilizados por la doña, quedó empañada cuando vía de los mismos medios, trascendiera la intención de formar una nueva organización, demanda impulsada por el creciente rumor del otorgamiento del registro laboral al Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación Independiente (SETEPI) o la postura final externada por algunos de los voceros para lograr en los hechos, un reconocimiento por parte del ejecutivo local.
Pero mientras que para las dos cuestiones enumeradas de inicio en el parágrafo anterior existe un procedimiento establecido tanto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Ley Federal del Trabajo y/o en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para la tercera se requiero sólo de la voluntad política de los actores del proceso en cuestión, hecho que para nada sustituye lo establecido por el derecho laboral mexicano y que no quita la titularidad de las relaciones laborales al organismo reconocido como titular por su patrón: los gobiernos locales y federales.
Así, los aún no definidos –por su postura- dirigentes de los trabajadores de la educación aglutinados en contra de su máxima dirigente sindical y de la Alianza por la Calidad de la Educación suscrita por ella y por Felipe Calderón Hinojosa, titular del ejecutivo federal, tienen por asumir sólo alguna posibilidades y hasta eso acotadas por la realidad y por la norma, entre las que destacan:
Permanecer como miembros del SNTE sin tener la representación formal de la organización y asumir en los hechos un liderazgo aceptado por la administración de Mario Marín Torres y por un numeroso grupo de trabajadores de la educación de la entidad, minoritario a pesar de la manipulación porcentual de las cifras que presuntamente les otorgan una mayoría aceptada en sus asambleas, y en virtud de él realizan gestiones marginales a los de los líderes que ostentan la representación central del SNTE y la titularidad de la relaciones laborales en la entidad.
Marginarse de la organización y al mismo tiempo que realizan gestiones basadas en la fuerza regional que han mostrado, organizar un nuevo sindicato cumpliendo con las formalidades estipuladas en las diferentes disposiciones laborales tomando en consideración que el artículo 68 del título cuarto “De la Organización Colectiva de los Trabajadores y de las Condiciones Generales de Trabajo” de la LFTSE, establece que “En cada dependencia sólo habrá un sindicato.
En caso de que concurran varios grupos de trabajadores que pretendan ese derecho, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje otorgará el reconocimiento al mayoritario.”, les es adverso por su redacción y que, en el supuesto de lograr el registro como al parecer sucediera con el caso del SETEPI, deberían luchar para ser reconocidos como titulares de las relaciones laborales, utilizando los procedimientos establecidos en las disposiciones en la materia y recurriendo en última instancia, al un recuento laboral bajo la supervisión de la Secretaría del Trabajo y Productividad.
Sin duda y si su lucha se encontrara al margen de la pugna que se presenta entre los grupos de poder del ámbito nacional, deberán meditar con mucha honestidad, el alcance que pudieran tener para luego no ser objeto de diatribas por parte de quienes ahora les depositan su confianza. De hecho pero aún no de derecho.

* Rector del Instituto Universitario Puebla

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