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Opinión: Medios y comunicación política: el caso Lydia Cacho | 12/12/2008

Luis Ortega Morales

El paso de un escándalo a una situación de crisis política y hasta de ingobernabilidad depende de diversos factores que, según los resultados, en el caso de las conversaciones entre el gobernador del estado y el empresario Kamel Nacif, dadas a conocer por el diario La Jornada, el 14 de febrero de 2006, sólo quedaron en intenciones mediáticas.

La reflexión giró en torno a la posibilidad de la utilización del espionaje telefónico con fines electorales y se culpó directamente al gobierno federal y al PAN de orquestarlo. Esto permitió suponer, al mismo tiempo, con base en la denuncia presentada por Lydia Cacho, de la relación del empresario con el presunto pederasta Sucar Kuri, de que la protección que le brindaba el gobernador a aquel empresario mantenía  relaciones más allá de la amistad, de que se estaba manipulando a la justicia y de que existía una consigna para perjudicar a la periodista que nítidamente explicaron los soeces conversadores telefónicos. Por otro lado, también permitió abrir la veta de este grosero personaje que contaba con tanto dinero y al cual se le beneficiaba con exenciones de impuestos, venta de terrenos y cambios de uso de suelo. Se conoció entonces hasta donde llegan los beneficios de los empresarios vinculados al poder  gubernamental, pero sobre todo su comportamiento personal. Sin embargo, las fuerzas locales, tenían la batuta sobre las repercusiones que este escándalo podía provocar. En primer lugar los directamente involucrados: el gobernador, el textilero y la agraviada. De estos, quien resintió el golpe fue Mario Marín, gobernador, el primer priista, el “papá de los priistas”, “mi góber precioso”y “mi héroe, papá”.

Lo que funcionó como respuesta inmediata fue el “sistema”, la amenaza y la soberbia que ejerció el gobierno del estado de Puebla. La característica principal de un modo de gobernar cuyo reducto es el garante principal de la tradición mexicana: el caciquismo. Los gobernadores de los estados desde este poder, sustituyeron al poder central para continuar con el ejercicio del corporativismo, el clientelismo, el apoliticismo y el pragmatismo. Mario Marín ejerció el poder con un autoritarismo y despotismo desmedido, que reflejaba fielmente una herencia de los gobiernos priistas a los cuales sirvió desde décadas, ocupando los puestos claves que le permitían el ejercicio del amplio control gubernamental. La soberbia reflejada como herencia política, se encumbró en la personalidad del gobernados al demostrar su capacidad para obtener cerca de un millón de votos a su favor, que lo colocaba como uno de los bastiones priistas más influyentes en la política nacional y que le abrían las puertas  a la presidencia de la República. Desde el inicio de su gobierno llamó a todo aquel que era crítico a “ponerse a trabajar”, a no influir negativamente a no interrumpir su carrera política. La respuesta de movilización de las “fuerzas vivas”, a la vieja usanza del “acarreo”, que dio el gobernador a la denuncia de complicidad para violar los derechos de Lydia Cacho, era ratificada con un “no renunciaré”, “son chismes”, “no debo ninguna explicación”, “no provoquen a los poblanos”. Se inició un mecanismo de intercambio de representación y comunicación simbólica, donde los apelativos se convirtieron en conceptos familiares y coloquiales que sintetizaban el ejercicio del poder. Se construyó un lenguaje de comunicación que definía un modo de gobernar. Así el “góber”, “el góber precioso”, “el precioso”, las “botellas de cognac”, entre otros, se convirtieron en símbolos contra el sistema jurídico y político. El “maringate” sintetizaba la sumisión de los poderes legislativo y judicial a los mandatos del ejecutivo y el “coscorrón” se convirtió en símbolo de justicia.

El textilero, por su parte puso tierra de por medio y emigró. Lydia Cacho se concentró en la defensa de su caso, al identificar la “injusticia” con una complicidad con pederastas y en la denuncia de la violación a sus derechos y en consecuencia de los derechos humanos.

Quien tuvo la palabra fue el Frente Cívico Poblano, que inició con la denuncia, una férrea defensa de Lydia Cacho, y arribó a “la defensa del Estado de Derecho”. Este rescató los casos de Martín Barrios, de la posibilidad de cometer una injusticia, una violación sexual a una comunicadora, del tráfico de influencias, de los beneficios económicos y negocios entre empresarios y gobiernos, de los títulos de propiedad notariados por funcionarios gubernamentales y candidatos oficiales. De aquí se cuestionó al “sistema”, a la violación permanente del estado de derecho, de la independencia de poderes, del sistema judicial y de la procuración de la justicia.

 El Frente Cívico tuvo en sus manos la posibilidad de construir un rechazo generalizado al sistema de “in-justicia” y de caciquismo que prevalece en Puebla, un estado al cual  no ha llegado la reforma política, donde el sistema jurídico prevalece desde los años cuarentas. A través de los ordenamientos existentes, el poder ejecutivo estatal tiene legalmente la posibilidad e intervenir en los asuntos del poder judicial, del Congreso del estado y de los municipios y en consecuencia de someter a sus autoridades.

El paso de la defensa individual de Lydia Cacho, al cuestionamiento del sistema político en su conjunto, estaba presente. Sin embargo, esto no sucedió. El primero y único llamamiento que los universitarios publicaron el 24 de febrero en La Jornada de Oriente, fue un documento tímido, que llamaba a  “recuperar la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones y en la legalidad” La primera manifestación expresó la limitación de sus objetivos: el repudio al gobernador, la ética, la pederastia y la pluralidad. El segundo documento, que cuestionaba de fondo al sistema político y de gobierno poblano fue la denuncia para el juicio político que solicitó el Frente Cívico, ya sin la presencia del PAN, de los empresarios y de los académicos de las universidades privadas, pero en un ambiente de profunda división y desorganización que impidió la profundización y extensión del movimiento. Ninguna organización social o política contaba con la organización necesaria para tan importante tarea, estos habían sido derrotados quince años antes por el gobierno del estado.

Los viejos métodos del gobierno estaban presentes, incrustó a diversos personajes que estaban presentes en las asambleas, a informadores y hasta a provocadores. La secretaría de gobernación tenía a priistas reconocidos en las asambleas del Frente Cívico, a otros miembros los utilizaba como contactos para concertar reuniones con los dirigentes independientes y finalmente, utilizó la traición y la vendimia para desprestigiar al movimiento. Uno de los principales asesores y voceros del FCP, Ricardo González, apareció en conferencia de prensa “negociando las demandas con la Secretaría de Gobernación y con el registro notariado del “Frente Cívico Poblano, Asociación Civil”

Sin embargo, la capacidad de los medios de comunicación y la ausencia de una política de comunicación de estado con los ciudadanos, es decir el ejercicio de la política desde la comunicación, no fue una necesidad para este gobierno. Los medios nacionales y locales, jugaron un papel fundamental, tanto los diarios impresos, como la radio y la televisión, los comentaristas y los conductores de los principales noticiarios aprovecharon la presencia de Mario Marín en sus cámaras y micrófonos para burlarse de él y hacer escarnio de su protagonismo. Para el gobernador, su presencia en los medios nacionales le trajo los peores resultados. Además, no sólo eso, aparecieron un sinnúmero de sitios de Internet y de comunicación vía correo electrónico y por celular, que funcionó y algunos de ellos, como el “góber precioso” contenía un juego y  tuvo miles de visitas.

Si algo causó las primeras reacciones, fue la identificación del diálogo grotesco con el textilero, con el lenguaje cotidiano y de comunicación política que utilizó el gobernador. Era su voz y sus palabras, su tono, sus calificativos, sus respuestas, sus silencios y sus diálogos coloquiales. El “no leo chismes”, se identificaba con “es una delincuente”, “acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona” era lo mismo que “dejen trabajar”.

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