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Opinión: Medios y comunicación política: el caso Lydia Cacho | 19/12/2008

* La lucha diaria por la audiencia y también por obtener los pagos de los clientes que más ganancias le reditúen, que en este caso es el estado, se manifiesta por publicar los boletines o comunicados oficiales con la mejor presentación

 

Parte II y última

Luis Ortega Morales

Uno de los aspectos que están a debate es el de la comunicación como política de estado, es decir una política emanada del acuerdo del conjunto de los poderes y de los diversos componentes que vinculan al estado con la sociedad y que son capaces de consensuar métodos y políticas que involucren a todos, con compromisos, objetivos y metas claras con una visión de largo plazo y que en lo fundamental también están de acuerdo en como lograrlo. En este caso, no entendemos como política de estado aquella que se hace solo a favor de los poderes del estado, esta sería la política “del estado”, o en su caso del régimen o del gobierno, sino lo fundamental es el acuerdo que se llegue a tomar entre todas las partes involucradas en la sociedad.

Entonces, lo que se puede analizar es la política aplicada por el gobierno del estado de Puebla en relación con la comunicación como derecho a la información, lo cual en este caso ha sido duramente cuestionada y como el conflicto con Lydia Cacho puso en evidencia la aplicación de una política en contra de la libertad de expresión y la ausencia del derecho a la información. Lo que ponemos en evidencia en este trabajo es precisamente la aplicación de una política del gobierno del estado de Puebla para informar sobre el desenvolvimiento de los hechos.

El gobierno del estado emitió sus boletines de prensa y envió otros comunicados que fueron publicados por la prensa como suyos dándole a los hechos una interpretación a conveniencia del gobierno y en especial que beneficiara a Mario Marín Torres, gobernador del estado. Los funcionarios y el propio gobernador actuaron como informantes en una actitud totalmente contraria a Lydia Cacho.

Lo que el gobierno aplica como política de comunicación o de información es lo que aplica la Dirección de Comunicación Social, que se desenvuelve como una política exclusivamente vinculada con los medios de comunicación privados, pues es a través de estos y solo de estos como se establece la relación política entre el gobierno y los ciudadanos. Lo mismo ocurre con los otros organismos del Estado, los poderes legislativo y judicial, las entidades autónomas y organismos de participación estatal y los municipios. Todos desarrollan la comunicación con sus gobernados y con los ciudadanos en general y casi exclusivamente a través de empresas privadas especializadas en la comunicación social, que tiene como instrumentos principales medios escritos, electrónicos, televisivos y de internet. El gobierno del estado ve en estos medios de vinculación con los gobernados como un asunto de relación con la empresa privada, en donde el asunto presupuestario es el fundamental o bien “los “caprichos” y “ocurrencias” y ambiciones del entonces titular de la Secretaría de Finanzas , quien, con miras al fortalecimiento de su imagen política, decidió arreglar los contratos de publicidad del gobierno directamente” o del propio director de Comunicación Social quien puede establecer los convenios con los medios de comunicación de la misma forma, como lo señalaba Alfonso Yañez, articulista de Síntesis.

Es decir, la “comunicación social una política pública del gobierno y posiblemente del Estado, se reduce a una política presupuestaria y sólo con los medios de comunicación. Estos “medios”, entonces, representan el único vínculo del gobierno con la sociedad, siendo a través de ellos y solo de ellos como puede establecerse ese vínculo.

 

Comunicación privada

Sin pretender abordar con profundidad el tema, el gobierno del estado recientemente ha desarrollado la comunicación con los ciudadanos a través de otros medios de comunicación como lo es la página de internet y las técnicas de multimedia que esto conlleva, además de la propaganda, el correo postal y los espectaculares. También utiliza otros mecanismos que están directamente vinculados a la relación política. En términos teóricos debe analizarse la tecnología de la información, el mercado de la información, los recursos humanos, las legislaciones, la regulación, y la ingeniería de información partidaria, que se desenvuelve cotidianamente en las comunidades, a través de eventos masivos, asambleas, mítines, reuniones para la entrega de recursos económicos y materiales, inauguraciones de obras o actos oficiales de presentación. Pero significativamente son los medios de comunicación privados quienes son utilizados como los medios principales.

Por el otro lado, tendremos que advertir sobre el comportamiento de estas empresas, que reciben del gobierno los recursos públicos para establecer una relación de este con los gobernados y discutir si estos cumplen con ese papel por el cual han sido contratados, como la desarrollan y hasta donde la profundizan.

Valdría la pena entonces conocer el gasto público que el gobierno del estado aplica para el pago de los medios de comunicación y la política que desarrolló para este objetivo, las diferenciaciones y jerarquías que establece, las cantidades que aplica y sobre todo el tipo de información que contrata para que estos medios la difundan.

El conocimiento de los criterios de diferenciación que aplica el gobierno sobre los medios de comunicación es una premisa que fundamenta y garantiza que los medios de comunicación, sean garantes de la pluralidad y la democracia, es decir, que son confiables en cuanto al ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión. Sin embargo, por el hecho de que los medios de comunicación son empresas privadas, estas se sujetan a un criterio de particulares en donde su compromiso es la compra de espacio en sus medios y la publicación de este en el medio respectivo y obviamente, la obtención de una ganancia. De entrada la empresa está obligada a publicar lo que le contraten, aunque esto no garantice la libertad de expresión y esconda o falsee la información. Si un medio de información tiene un trato preferencial del gobierno, es decir, le compra más espacio que a otra o le otorga las entrevistas y la información exclusiva, viola el derecho a la información y rompe con la pluralidad. Si el medio a su vez tiene una posición dominante  en el mercado de la información, tiene la capacidad de controlar la información, cuenta con diversos tipos de medios, es decir difunde sus puntos de vista por radio, televisión, Internet e impresos puede abusar de esa capacidad. Su posición de exclusividad le permite desechar o criticar las ideas y valores que puedan afectar sus intereses o su naturaleza. Hablamos de aquellas empresas que cuentan con el poder económico suficiente pueden influir en la opinión de los ciudadanos y por tanto en el poder ideológico y político e influir en el rumbo de la sociedad para garantizar sus intereses, sobre  todo cuando tienden a la monopolización.

Es indudable, por los argumentos presentados, que  el mercado no puede garantizar la pluralidad, es decir, la diversidad de empresas y su control. Que exista una cantidad de empresas y una variedad de opiniones, ideas e informaciones que determinan la cantidad y variedad de la información que  transmiten el conjunto de medios.
La lucha diaria por la audiencia y también por obtener los pagos de los clientes que más ganancias le reditúen, que en este caso es el estado, se manifiesta por publicar los boletines o comunicados oficiales con la mejor presentación, comentario o escrito por el mejor reportero, para acaparar al mayor número de lectores, dejando los artículos de calidad, reportajes, o informaciones de cultura e difusión científica para círculos minoritarios y, normalmente, en las últimas páginas, en los suplementos o solo para quienes compran los diarios los fines de semana. El resultado es que vemos los mismos boletines, las mismas ideas, las mismas informaciones, que se ha complementado en algunos casos con la tecnología de la página de Internet, siempre, por supuesto, en función de obtener la máxima ganancia y en beneficio de los intereses empresariales. Estos elementos en su realización en el mercado, afectan la oferta informativa de las empresas y no tienen en cuenta el pluralismo.

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